“Sí, hay una chance, se está pensando y se está trabajando”, dijo el secretario General de la Gobernación, Walter Lima, respecto del proyecto de que el Gobierno de San Juan arme su propia empresa aseguradora.

“Sí, hay una chance, se está pensando y se está trabajando”, dijo el secretario General de la Gobernación, Walter Lima, respecto del proyecto de que el Gobierno de San Juan arme su propia empresa aseguradora.
El dato se conoció tras el acto de firma de renovación –por décima vez- del contrato para asegurar los alumnos de las escuelas con el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, que presta desde 2004 amplios servicios al Gobierno local por alrededor de 10 millones de pesos al mes, según dijo el apoderado del IAPSER en la Provincia, Moisés Lara en una nota que publica el diario El Tiempo, de San Juan.

La idea de que el Estado local tenga su propia aseguradora no es nueva, se habla de ella desde 2008. Lima ratificó que la iniciativa sigue en pie: “como hace Entre Ríos, que es un modelo a seguir”, dijo escuetamente. No obstante, afirmó que “no es para este año”. De concretarse, no sólo le ahorraría millones a las arcas públicas sanjuaninas sino que también se instalaría un negocio por demás rentable, para cubrir no sólo otras provincias sino también al sector privado.

“Nosotros tenemos con el Estado Provincial de San Juan la mayoría de los seguros: tenemos la responsabilidad civil de todos los edificios, 176 mil alumnos de accidentes de trabajo, los 20 ó 30 mil empleados públicos que están incluidos en la ley 24.557 de riesgos de trabajo, parque automotor, seguros de incendio, de robo. Es decir, la mayoría de los seguros de la Provincia están dentro de la cartera del Instituto del Seguro. Además, tenemos asegurados a la mayoría de los municipios tanto en responsabilidad civil como ART y su parque automotor. También tenemos una cartera importante respecto de los seguros de varias empresas del orden privado”, enumeró Lara los alcances de IAPSER, que fue creado por ley hace 65 años en la administración entrerriana.

Sobre los costos del seguro, Lara afirmó que “estamos renovando las cápitas ahora. Empezamos con el Instituto con el incumplimiento que venía teniendo la Provincia con la ley 24.557 de riesgos de trabajo. Eso, apenas asumió el Gobernador Gioja y allí se empezó buscando una empresa de seguros que pudiera hacerse cargo de gran cantidad de gente. Y ahí surgió un convenio interprovincial entre Entre Ríos y San Juan y luego se firmaron los convenios específicos. Como las coberturas y las tarifas de nuestra empresa le daban un importante beneficio a San Juan, se comenzó en los otros rubros, civil, automotor, incendio, robo, caución. Por mes, el Estado debe estar pagando 10 millones de pesos por todo el paquete”.

Lara agregó que, además de tener tarifas muy convenientes, las coberturas se dan en tiempo y forma y subrayó que “en riesgos de trabajo tenemos mucha siniestralidad, principalmente lo más expuesto que es la Policía. Muchas veces, por falta de información, los accidentes se atendían por obra social, hoy se atienden directamente como accidentes de trabajo”.

En San Juan hay antecedentes de empresas estatales como son Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), entres de derecho propio otorgado por la Provincia y que manejan patrimonio independiente.

Crear una aseguradora como la de Entre Ríos no es tarea sencilla, requiere una gran apuesta administrativa y financiera. Por ejemplo, establecer un convenio con otra aseguradora más grande que le dé respaldo al funcionamiento; concretar un depósito de respaldo que es millonario en la Superintendencia de Seguros de la Nación; y crear un organismo mediante ley (en esto, el giojismo tiene el camino allanado porque tiene mayoría propia en la Cámara de Diputados local).

Un negocio de 65 años

En 1949, por iniciativa del senador Fausto Pajares, nació el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, durante la gobernación de Héctor Domingo Maya. Su creación fue promulgada mediante Ley Provincial 3601 de diciembre de 1949, derogada y actualizada por ley 5.288 en marzo de 1973.

“En un primer momento, la idea fue la de asegurar sólo algunos riesgos del patrimonio del Estado y de los habitantes de la Provincia para evitar así la fuga de capitales en concepto de primas que salían fuera de sus límites (…) En la actualidad se ha llegado a la cobertura total e integral, tomando riesgos, incluso, de trascendencia nacional”, dice la web oficial de IAPSER.