Los abogados ambientalistas más importantes de Chile, quienes han ayudado a detener proyectos de minería y energía por US$ 30.000 millones, afirman que la batalla recién comienza, y que las inversiones para obtener cobre serán objeto de una lucha todavía mayor este año. En un cambio importante en pos de convertir a Chile en un país favorable para los negocios, grupos sociales facultados están entablando demandas exitosas contra proyectos masivos por las amenazas que conllevan respecto de los glaciares, la salud, los derechos de los aborígenes y la biodiversidad.

Hasta el momento, los proyectos de energía se han llevado la peor parte, y muchas comunidades ahora están aumentando la presión sobre la minería en el principal país productor de cobre del mundo. OLCA ha llevado adelante con éxito casos contra diversos proyectos de alto perfil, incluida la planta de energía a carbón Castilla de US$ 5.000 millones, propiedad de Eike Batista, hombre de negocios brasilero, que fue prohibida.

Al igual que muchos de sus pares latinoamericanos, Chile, país que depende de recursos, está luchando por alcanzar un equilibrio entre el crecimiento económico generado por el cobre y la protección ambiental. Un tercio del metal rojo del mundo está en juego, que China, ávida consumidora, demanda para la construcción de infraestructura para su población que está en plena urbanización.

Dado que el cobre constituye el 15% del producto bruto interno de Chile, y se espera que la minería genere US$ 100.000 millones en inversiones durante la próxima década, los conflictos posiblemente se incrementen. Lorenzo Soto, abogado independiente que llevó adelante el caso contra el controvertido proyecto Pascua-Lama por US$ 8.500 millones, de la minera mundial Barrick, manifestó que “el cuestionamiento a la minería a gran escala apenas está comenzando”.